Como ocurrió con el grupo de Policía Local que opera de
paisano en el centro de Sevilla, el Giralda, la unidad dedicada a la
violencia de género, denominada Grupo Diana, también ha estado sometida a
la crítica por su supuesto desmantelamiento. Sin embargo, la realidad es justo
la opuesta a tenor de los documentos que el delegado de Movilidad y Seguridad
del Ayuntamiento documentos que el delegado de Movilidad y Seguridad
del Ayuntamiento, Demetrio Cabello, ha firmado desde que
llegó al cargo. Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, el
Gobierno sevillano ha propuesto un convenio al Ministerio del Interior para
convertir todo el Cuerpo de Policía Local en un organismo con rango de Policía Judicial, un paso que se
considera clave sobre todo para la labor del grupo Diana en el control de las
víctimas de violencia de género. Actualmente, la Secretaría de Estado de Seguridad del
citado ministerio está revisando el convenio para complementarlo y proceder a su
firma, algo que ocurrirá en las próximas semanas. Pero mientras tanto, la
delegación que dirige Cabello ya ha impulsado la potenciación de este grupo
policial poniendo en marcha varias medidas. Según el convenio, en cuanto se
llegue a un acuerdo con Interior se trabajará conjuntamente con la Policía
Nacional en el reparto de víctima y la unidad Diana se reforzará con más
agentes, ya que el número de efectivos que tenía este grupo es insuficiente para
trabajar con las herramientas que se pretenden poner a su disposición.
La
primera medida que se va a tomar en este sentido es dotar al grupo de accesos
al Sistema de Registros Administrativos en
apoyo a la Administración de Justicia (Siraj), que permite comprobar si el
agresor tiene alguna causa pendiente con la Justicia. Este modelo organizativo
se está usando ya en las principales ciudades españolas, pero no se había dado
de alta en Sevilla. Fue creado a raíz del caso «Mariluz» para la coordinación de
policías y jueces en el control de personas con antecedentes penales. Y en su
protocolo se incluye un «Registro central de medidas cautelares, requisitorias y
sentencias no firmes y registro central para la protección de las víctimas de
violencia doméstica». Es decir, con este sistema se puede tener conocimiento
directo sobre la situación en la que se encuentran las víctimas con respecto a
sus presuntos agresores. Entró en vigor el 2 de mayo de 2010 tras el impulso del
entonces secretario general de Justicia, José de la Mata. Pero la Policía Local de
Sevilla no lo estaba aplicando por falta de recursos.
Algo
semejante ha ocurrido con otro programa informático, el «sistema de seguimiento
integral de los casos de violencia de género», conocido como Viogen. El anterior
alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín firmó un
convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad en 2004, dos años después de
crear el grupo Diana, para elaborar un protocolo de violencia de género. Dicho
protocolo se aprobó por la Junta Local de Seguridad en 2006 para colaborar con
la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, Monteseirín no firmó el
acuerdo definitivo hasta el 4 de marzo de 2011, apenas dos meses antes de las
elecciones a las que él ya no se iba a presentar. No obstante, el citado
convenio para la aplicación del Viogen no se llegó a poner
en práctica. Los agentes de la unidad no han recibido formación para integrarse
a este sistema, por lo que no hacen uso de sus claves y no realizan las
correspondientes valoraciones de riesgo. Los propios agentes han alertado de
esta situación, ya que esto implica que las víctimas no están registradas dentro
del programa que permite establecer medidas de protección personalizadas y hacer
seguimientos de las mismas según el nivel de protección que se le atribuya a
cada una. Además, el grupo Diana no tiene acceso al registro de antecedentes de
agresores.
Por
todo ello, Cabello ordenó trabajar desde el pasado mes de enero a los
componentes de esta unidad con los especialistas de la Policía Nacional en Sevilla al tiempo que
mandó iniciar los cursos de formación sobre el Programa Viogen. Es más, los agentes ya
tienen instrucciones por escrito para que empiecen a hacer uso de las claves del
sistema. Actualmente se está ordenando el registro para decidir qué tipo de
seguimiento se hace a las víctimas en función del nivel de protección que le
adjudique el Viogen.
Además,
el delegado ha solicitado un permiso a la Secretaría de Estado de Seguridad para
que la Policía Local de Sevilla puede hacer uso de las claves del Siraj mientras
se firma el convenio que hay pendiente para convertir al cuerpo en Policía
Judicial. Porque sólo firmando papeles no se soluciona una lacra que exige una
férrea aplicación de la teoría para intentar evitar a toda costa que se sigan
produciendo casos como los de Monteflor y Estepa, los dos últimos que
jalonan el triste mapa de la violencia de género en la provincia de Sevilla.
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