Evalúan el impacto en la plantilla de la sentencia que anula las cuentas de 2007
Recursos Humanos establecerá la hoja de ruta a seguir para la devolución de lo cobrado de más por los trabajadores
Y. G. T. / SAN ROQUE | ACTUALIZADO 08.12.2012 - 01:00
El área municipal de Recursos Humanos valora el impacto que la sentencia del Tribunal Supremo puede significar para los funcionarios municipales. En el último pleno ordinario de noviembre, se dio cuenta a la Corporación del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anulaba los presupuestos de 2007, tras una denuncia interpuesta por el concejal del PIVG y responsable de Hacienda, Jesús Mayoral, cuando estaba en la oposición.
El Supremo ratifica el fallo del TSJA que ha supuesto otro coste de 3.000 euros para el Consistorio tras condenarle en costas.
La administración cumplirá con la sentencia, por lo que el concejal de Hacienda ya ha reclamado al alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, que los servicios jurídicos efectúe una hoja de ruta para su cumplimiento. La decisión judicial no evalúa las cantidades que se les debe reclamar a los empleados del Consistorio, si bien un informe de Intervención en 2007 indicaba que los sueldos a los trabajadores se habían sobrepasado en 1,3 millones con respecto a lo previsto en la Ley de Presupuestos de ese año.
Mayoral destaca que existen algunas dificultades con los trabajadores jubilados o fallecidos, pero la sentencia es clara. Así mismo, añade que debe cumplirse y si pasados dos meses y medio no se inicia el trámite, él mismo pedirá en el juzgado su ejecución.
Finalmente, indicó que es necesario para cumplir el Plan de Ajuste y de hecho en 2014, se realizará una nueva reclasificación de los puestos de trabajo (RPT) a la baja.
El Supremo ratifica el fallo del TSJA que ha supuesto otro coste de 3.000 euros para el Consistorio tras condenarle en costas.
La administración cumplirá con la sentencia, por lo que el concejal de Hacienda ya ha reclamado al alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, que los servicios jurídicos efectúe una hoja de ruta para su cumplimiento. La decisión judicial no evalúa las cantidades que se les debe reclamar a los empleados del Consistorio, si bien un informe de Intervención en 2007 indicaba que los sueldos a los trabajadores se habían sobrepasado en 1,3 millones con respecto a lo previsto en la Ley de Presupuestos de ese año.
Mayoral destaca que existen algunas dificultades con los trabajadores jubilados o fallecidos, pero la sentencia es clara. Así mismo, añade que debe cumplirse y si pasados dos meses y medio no se inicia el trámite, él mismo pedirá en el juzgado su ejecución.
Finalmente, indicó que es necesario para cumplir el Plan de Ajuste y de hecho en 2014, se realizará una nueva reclasificación de los puestos de trabajo (RPT) a la baja.
FUENTE EUROPASUR.ES
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