San Roque pide a la Junta más tiempo para ajustar los convenios municipales
El Pleno aprueba la solicitud con la
oposición en contra por la falta de los informes de Intervención y
Secretaría · PP y USR también votan en contra de las subidas de las
tasas de la Universidad Popular
imagen de la bancada de la oposición en el pleno, ayer en el Palacio de los Gobernadores.
La
propuesta municipal para solicitar a la Junta una prórroga para adaptar a
la legalidad las disposiciones recogidas en los convenios colectivos
del personal laboral y funcionarios del Ayuntamiento de San Roque fue el
único punto de debate en un pleno de puro trámite. Se aprobó con el
voto a favor del PSOE y el PA, la abstención del PIVG y USR y el voto en
contra del PP.
La oposición se mostró totalmente en contra de esta moratoria, encabezada por el concejal del PP, José Cabrera, que se mostró muy activo todo el pleno. El edil informó que no había lugar a ningún aplazamiento. Añadió que la Consejería de Gobernación y Justicia concedió un mes que se cumple el próximo 10 de agosto. Además, indicó que se solicita que el expediente vaya acompañado de los informes jurídicos de Intervención y Tesorería y denunció que estos no aparecieran.
Asimismo, indicó que lo único negociable es el horario, en el que se puede proponer la distribución de las 37,5 horas semanales de trabajo.
Cabrera terminó su primer turno entregando un documento a la secretaria firmado por toda la oposición en el que se solicita que se elaboren los informes de las habilitadas nacionales, de obligado cumplimiento al solicitarlo un tercio de la Corporación.
El portavoz de USR, José Antonio Ledesma, advirtió que se puede incurrir en un delito de prevaricación o de desacato a la autoridad.
El PIVG, a través de su portavoz, Jesús Mayoral, añadió que se abstendrían como ya hicieron en el pleno en el que se aprobó el convenio.
La concejal de Recursos Humanos, Dolores Marchena, consideró que es un tema transcendente que requiere de una comisión técnica con los representantes sindicales. En el segundo turno, Cabrera, le recriminó que tenía que haber defendido el punto al inicio, y no al final cerrando el debate. "No le han dado ninguna prioridad. Entró el documento el día 9 y hoy -por ayer- , es 26 y no se le ha dado ninguna prioridad", espetó. Finalmente, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, recriminó a Ledesma sus amenazas en los "últimos 8 ó 9 plenos atemorizando al resto de concejales con posibles puntos ilegales".
Otro punto que generó debate fue la subida de las tasas de los talleres de la Universidad Popular. El PP se mostró totalmente contrario y añadió que desde 2004 nunca se han subida a pesar de que siempre han generado pérdidas. El portavoz de USR mostró también su contrariedad aunque la subida es pequeña, mientras que el concejal de Hacienda y el portavoz socialista, Juan José Puerta, indicaron que es una obligación para cumplir con el Plan de Ajuste.
Puerta y Ramón Ramírez (PP) se enfrascaron en un debate sobre los gastos y la función de estos talleres en los últimos años. Igualmente y sin ninguna relación con el punto, la concejal de USR, Marina García, pidió con vehemencia a Jesús Mayoral, "que deje de tratarnos de forma despectiva y no cuestione como nos preparamos el pleno". Anteriormente, el edil les reprochó que no se hubieran leído el Plan de Ajuste y concluyó que seguiría expresando su opinión al respecto.
FUENTE EUROPASUR.ES
La oposición se mostró totalmente en contra de esta moratoria, encabezada por el concejal del PP, José Cabrera, que se mostró muy activo todo el pleno. El edil informó que no había lugar a ningún aplazamiento. Añadió que la Consejería de Gobernación y Justicia concedió un mes que se cumple el próximo 10 de agosto. Además, indicó que se solicita que el expediente vaya acompañado de los informes jurídicos de Intervención y Tesorería y denunció que estos no aparecieran.
Asimismo, indicó que lo único negociable es el horario, en el que se puede proponer la distribución de las 37,5 horas semanales de trabajo.
Cabrera terminó su primer turno entregando un documento a la secretaria firmado por toda la oposición en el que se solicita que se elaboren los informes de las habilitadas nacionales, de obligado cumplimiento al solicitarlo un tercio de la Corporación.
El portavoz de USR, José Antonio Ledesma, advirtió que se puede incurrir en un delito de prevaricación o de desacato a la autoridad.
El PIVG, a través de su portavoz, Jesús Mayoral, añadió que se abstendrían como ya hicieron en el pleno en el que se aprobó el convenio.
La concejal de Recursos Humanos, Dolores Marchena, consideró que es un tema transcendente que requiere de una comisión técnica con los representantes sindicales. En el segundo turno, Cabrera, le recriminó que tenía que haber defendido el punto al inicio, y no al final cerrando el debate. "No le han dado ninguna prioridad. Entró el documento el día 9 y hoy -por ayer- , es 26 y no se le ha dado ninguna prioridad", espetó. Finalmente, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, recriminó a Ledesma sus amenazas en los "últimos 8 ó 9 plenos atemorizando al resto de concejales con posibles puntos ilegales".
Otro punto que generó debate fue la subida de las tasas de los talleres de la Universidad Popular. El PP se mostró totalmente contrario y añadió que desde 2004 nunca se han subida a pesar de que siempre han generado pérdidas. El portavoz de USR mostró también su contrariedad aunque la subida es pequeña, mientras que el concejal de Hacienda y el portavoz socialista, Juan José Puerta, indicaron que es una obligación para cumplir con el Plan de Ajuste.
Puerta y Ramón Ramírez (PP) se enfrascaron en un debate sobre los gastos y la función de estos talleres en los últimos años. Igualmente y sin ninguna relación con el punto, la concejal de USR, Marina García, pidió con vehemencia a Jesús Mayoral, "que deje de tratarnos de forma despectiva y no cuestione como nos preparamos el pleno". Anteriormente, el edil les reprochó que no se hubieran leído el Plan de Ajuste y concluyó que seguiría expresando su opinión al respecto.
FUENTE EUROPASUR.ES
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