La
propuesta municipal para solicitar a la Junta una prórroga para
adaptar a
la legalidad las disposiciones recogidas en los convenios colectivos
del personal laboral y funcionarios del Ayuntamiento de San Roque fue el
único punto de debate en un pleno de puro trámite. Se aprobó con el
voto a favor del
PSOE y el
PA, la abstención del
PIVG y
USR y el voto en
contra del
PP.
La oposición se mostró totalmente en contra de esta moratoria,
encabezada por el concejal del
PP, José Cabrera, que se mostró muy
activo todo el pleno. El edil informó que no había lugar a ningún
aplazamiento.
Añadió que la Consejería de Gobernación y Justicia
concedió un mes que se cumple el próximo 10 de agosto.
Además, indicó
que se solicita que el expediente vaya acompañado de los informes
jurídicos de Intervención y Tesorería y denunció que estos no
aparecieran.
Asimismo, indicó que lo único negociable es el horario, en el
que se puede proponer la distribución de las 37,5 horas semanales de
trabajo.
Cabrera terminó su primer turno entregando un documento a la
secretaria firmado por toda la oposición en el que se solicita que se
elaboren los informes de las habilitadas nacionales, de obligado
cumplimiento al solicitarlo un tercio de la Corporación.
El portavoz de
USR, José Antonio Ledesma, advirtió que se puede
incurrir en un delito de prevaricación o de desacato a la autoridad.
El
PIVG, a través de su portavoz, Jesús Mayoral, añadió que se
abstendrían como ya hicieron en el pleno en el que se aprobó el
convenio.
La
concejal de Recursos Humanos, Dolores Marchena,
consideró
que es un tema transcendente que requiere de una comisión técnica con
los representantes sindicales. En el segundo turno, Cabrera, le
recriminó que tenía que haber defendido el punto al inicio, y no al
final cerrando el debate. "No le han dado ninguna prioridad. Entró el
documento el día 9 y hoy -por ayer- , es 26 y no se le ha dado ninguna
prioridad", espetó. Finalmente, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix,
recriminó a Ledesma sus amenazas en los "últimos 8 ó 9 plenos
atemorizando al resto de concejales con posibles puntos ilegales".
Otro punto que generó debate fue la subida de las tasas de los
talleres de la Universidad Popular. El
PP se mostró totalmente contrario
y añadió que desde 2004 nunca se han subida a pesar de que siempre han
generado pérdidas. El portavoz de USR mostró también su contrariedad
aunque la subida es pequeña, mientras que el concejal de Hacienda y el
portavoz socialista, Juan José Puerta, indicaron que es una obligación
para cumplir con el Plan de Ajuste.
Puerta y Ramón Ramírez (
PP) se enfrascaron en un debate sobre
los gastos y la función de estos talleres en los últimos años.
Igualmente y sin ninguna relación con el punto, la concejal de
USR,
Marina García, pidió con vehemencia a Jesús Mayoral, "que deje de
tratarnos de forma despectiva y no cuestione como nos preparamos el
pleno". Anteriormente, el edil les reprochó que no se hubieran leído el
Plan de Ajuste y concluyó que seguiría expresando su opinión al
respecto.
FUENTE EUROPASUR.ES