Los funcionarios recuperan otro moscoso: aprobada la Ley de racionalización del sector público
El Congreso ha aprobado el proyecto
de ley, con lo que los funcionarios recuperarán el segundo día de libre
disposición de los tres suprimidos en 2012, medida introducida por el PP
para intentar reducir el déficit.
El pleno del Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la
Ley de racionalización del sector público
y otras medidas de reforma administrativa, una norma que pretende
garantizar la eficiencia del gasto, así como la eliminación de
duplicidades y determinados entes y organismos públicos.
Tal y como estaba previsto, tras la aprobación de la ley,
los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición ("moscoso") de los tres suprimidos en 2012 dentro de las medidas para reducir el déficit, una enmienda al proyecto de ley que fue introducida por el PP. El primer
El
proyecto de ley ha vuelto al Congreso para ser aprobado después de que
el pasado mes de julio el pleno del Senado, con la mayoría del PP,
rechazara las ocho propuestas de veto al proyecto de Ley de
racionalización del sector público, que según los grupos de la oposición
al Gobierno invade competencias autonómicas y pretende la
"recentralización" del Estado.
Desde el PP, la diputada María Eugenia Romero ha asegurado que este proyecto, que supondrá un
ahorro de 37.600 millones de euros en los cuatro años de Gobierno,
forma parte del plan de reformas que está poniendo en marcha el
Gobierno y está encaminado a procurar una mejor administración de los
recursos públicos.
Romero ha señalado que del texto que salió del
Congreso y que ha sido debatido con las enmiendas incorporadas del
Senado, se han introducido
veinte modificaciones, entre
las que ha destacado la relativa a la ley general de subvenciones, la
movilidad geográfica de los funcionarios y la tasa por homologación y
convalidación de títulos extranjeros. Ha añadido que lo que intenta el
Gobierno con esta ley es corregir las duplicidades y suprimir organismos
innecesarios sin incrementar la carga burocrática a los ciudadanos.
Críticas por la "intromisión" que supone la leyDesde el
PSOE,
el diputado Ignacio Sánchez Amor, ha dicho al Gobierno que se creyó "su
propaganda" diciendo que "había 600 asesores en la Moncloa" o que "la
administración española era una selva de chiringuitos para socialistas",
y "cuando se pusieron a escribir" lo único que contaron fueron unos
"flecos" que "no tienen importancia ni financiera, ni política". Sánchez
Amor ha asegurado que "cada vez" que el PP toca la Administración "es
para producir un desastre como éste".
El diputado de
CIU
Antoni Picó ha señalado que transcurridos casi tres años desde el
inicio de la legislatura el proyecto contiene "pocas medidas de
racionalización" y ha criticado el "nivel de intromisión del Gobierno en
las competencias autonómicas".
También el diputado del PNV Pedro
Azpiazu ha puesto de manifiesto la posición contraria del su grupo a la
ley, al considerar que supone una "intromisión competencial", al tiempo
que ha asegurado que el Ejecutivo "no respeta las reglas del juego ni
los estatutos de autonomía".
La líder de
UPyD,
Rosa Díez,
ha calificado la norma como "una mala ley", que no responde al encargo
de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA),
ni se corresponde con las necesidades de España.
Joan Coscubiela de la
Izquierda Plural
ha criticado que el texto "incrementa los defectos iniciales", mientras
que desde el Grupo Mixto, el diputado de Amaiur Rafael Lareina ha
asegurado que el Gobierno "avanza en el proceso de recentralización y
desmontaje del Estado de bienestar".
Lareina ha aprovechado su
intervención en el Congreso para reclamar en este día en que Cataluña
celebra la Diada, "el respeto a la voluntad" y "al derecho a decidir del
pueblo de Cataluña"
